OPINION: Un bien efímero, por un posible mal prolongado

 

Por Héctor Luis Feliz 

A partir de la década de los 60, toda vez terminada una de las dictaduras más feroces de todo el continente, el país entró en un proceso de transición democrático de gobierno, qué con sus luces y sombras ha podido arrojar resultados diferentes en favor de la tranquilidad y el sosiego de todo un pueblo, que con «Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» (Winston Churchill, 13 de mayo de 1940), ha tenido que sobreponerse —a lo largo de su historia— por encima de personas y naciones, que mal intencionadamente quisieron desestabilizar el sistema político y democrático del país. 

Ha propósito de la importancia de mantener en funcionamiento nuestra democracia, en las últimas semanas, hemos estado en medio de debates recurrentes sobre reformas, disminución de gastos públicos, presupuesto nacional, etc., y uno de los temas que siempre genera polémica es la financiación pública de los partidos políticos. Muchos se preguntan —y es normal— si esta asignación de fondos es realmente necesaria o si representa un gasto que podría ser recortado. Sin embargo, hay que considerar que el papel que juegan estos fondos, garantiza una competencia justa y equilibrada en el ámbito político, dado que el gobierno, por ser quien administra fondos públicos, tendría cierta ventaja, principalmente publicitaria, delante de los partidos opositores, de manera que esto desequilibraría la competencia, sobre todo en un país como el nuestro, donde la llamada “logística” es una realidad que moviliza y condiciona tanto la voluntad como la conciencia ciudadana.

El objetivo principal de la financiación pública es garantizar que todos los partidos, sean mayoritarios o minoritarios, puedan participar en el proceso electoral y movilizar, sin mayores inconvenientes, sus cuadros políticos. Sin este apoyo, solo aquellos con acceso a grandes financieros o con recursos propios tendrían la capacidad de competir. Esto afectaría gravemente la pluralidad, ya que se convertiría en un juego dominado por pocos grupos, y se perdería la diversidad de ideas y propuestas que enriquecen y mantienen equilibrada la democracia.

Ahora bien, uno podría argumentar que eliminar los fondos públicos para los partidos supondría un ahorro significativo para el Estado, ya que solo en enero de este año la JCE repartió solo entre PRM, PLD, FP y PRD más de 2,000 millones de pesos. Pero ¿a qué costo? Si bien es cierto que eliminar esos recursos podría ayudar a resolver problemas como los del tránsito —el cual era el objetivo principal de la intentada reforma impositiva de modernización fiscal anunciada por el gobierno—, no menos cierto es que permitiría una competencia electoral más desigual. 

El partido que está en el poder seguiría contando, indirectamente, con recursos públicos para eventos, promociones y donaciones, mientras que los partidos de oposición se verían obligados a depender de financiamientos privados, con todas las implicaciones que eso conlleva; porque —para nadie es un misterio— que, desde ya, el narcotráfico y el lavado de activo hacen acto de presencia, en partidos y específicamente en candidatos que son electoralmente financiados por estos grupos criminales. 

Imaginar un escenario donde solo unos pocos partidos, los más poderosos, logren mantenerse a flote, es verdaderamente lesionador para el país. Los partidos pequeños, que a menudo representan voces importantes de minorías o sectores específicos de la población, quedarían fuera del juego. 

En consecuencia, no solo se enflaquecería la representatividad del sistema democrático del país, sino que también fomentaría la concentración del poder; y esto solo retardaría el descontento que —más temprano que tarde— podría llevar al país a una movilización nacional, que muchas veces termina en una desgracia colectiva la cual tendríamos que padecerla y más tarde, pagarla todos. Algo que ninguna democracia con sentido de la historia debería permitir.

El argumento a favor de la eliminación de estos fondos no es nuevo y, ciertamente, tiene méritos que deben ser discutidos. ¿Qué se debería hacer entonces para procurar que los partidos hagan buen uso de esos recursos asignados por el estado? Es importante pues, que exista una fiscalización constante, y que los partidos rindan cuentas sobre el uso de estos recursos, que, dicho sea de paso, es lo que no se está haciendo en el país. Los partidos son “gallinas de los huevos de oro” para unos pocos que solo buscan su beneficio, apartado pluralmente del interés colectivo general de la institución política. 

La idea debería ser, en lugar de reducir estos fondos, tal vez sería más productivo reformar el sistema para asegurar que los partidos realmente utilicen los recursos de forma responsable. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser las columnas sobre los que se sostiene este financiamiento, permitiendo que cada peso sea rastreable y proporcionalmente justificado. 

Al final del día, la democracia se basa en la idea de que todas las voces tienen el mismo derecho de ser escuchadas en su justa dimensión... Mantener de manera regulada y estrechamente fiscalizados, con toda la de la ley, los fondos públicos para los partidos políticos es, de alguna manera, una forma de asegurar que ninguna organización específica de poder, se pueda desproporcionadamente imponer por largos periodos en la dirección del país. Porque si la democracia se debilita, la sociedad entera pierde.